Desde
la imposición de tope de tasas, el sistema financiero formal sufrió un duro
golpe. Según cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a marzo de
2024, más de 218,000 personas quedaron excluidas del crédito formal y otras
325,000 no pudieron acceder a su primer préstamo. Esto generó la consolidación
de los préstamos “gota a gota”, con tasas de interés que superan el 1,000% anual
y con métodos de cobranza que atentan contra la vida de las personas. En
opinión de Solís Espinosa, el efecto de la norma que se dio por ignorancia del
mercado fue contrario, dándose leyes sin conocimiento de la realidad. “Son
medidas populistas, afectando al 95.5% del mercado empresarial que son micro y
pequeñas empresas (MYPE)”, argumentó el presidente de la FEPCMAC. En la
actualidad el 90% de las empresas MYPE son informales.
Dijo
que el crédito tiene un costo que es el interés. A las empresas
microfinancieras como las cajas municipales de ahorro y crédito, fondear el
dinero para capital de trabajo en soles tiene un costo, al que se debe sumar el
riesgo asumido y los gastos operativos.
Muchos
de los créditos son asumidos por las casas de cambio, empeño o préstamos,
empresas que no supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).
Agregó
que algunos congresistas y personajes públicos deben hacer una pasantía en las
cajas municipales para que entiendan como funcionan estas empresas.
Existe
4 mil millones de soles en el mercado asumido por empresas informales que
sirven a más de 2 millones de clientes.
“Si
no podemos establecer tasas acordes al riesgo de cada cliente y cubrir los costos
operativos, se limita nuestra capacidad de financiar a los pequeños negocios
que más lo necesitan. Esta restricción afectará directamente el crecimiento
microempresarial, que representa más del 90% del tejido empresarial peruano,
enfatizó el presidente de la FEPCMAC.
Jorge
Solís emplazó al Congreso de la República para que tomen decisiones serias y no
populistas. Algunas medidas se hacen por desconocimiento e ignorancia. Explicó
que hasta la SBS advirtió sobre estas irregularidades. El hecho que los
jubilados tengan una tarjeta de débito para cobrar sus pensiones o que muchos usen
monederos electrónicos como Yape o Plin, no significa que haya inclusión
financiera, sino bancarización. Esos dos conceptos son diferentes
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